Como todos debéis saber ya, la ley sinde ha sido derrotada en el congreso, no sin un cierto tufillo de chantaje político, más que preocupación por la ciudadanía, que, de forma excepcional estaba levantada en armas en su parte más digital. Como muchas de mis amistades me han preguntado por el asunto, y ya van unas cuantas veces que repito los mismos argumentos, aquí os dejo mis reflexiones sobre el tema:

¿Qué es la ley «sinde»?

En Diciembre de 2009 y dentro del proyecto de ley denominado LES (Ley de Economía Sostenible), de manera sorpresiva y sin aviso previo se incluyó un apartado, la disposición final primera, que tenía como fin, según sus promotores evitar que existan sitios web que se lucren con las creaciones culturales sin pagar derechos por ellas.

El texto integro de esta disposición final primera (en adelante ley sinde para nosotros) lo que especificaba era la creación de un órgano administrativo con capacidad de decidir, ante denuncias de interesados, la ilegalidad de unos sitios webs y proceder a su clausura o bloqueo. Este texto, que no contemplaba ninguna garantía judicial para el denunciado, fue ampliamente contestado por muchos internatutas, que confeccionaron El manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, que fue respaldado por más de 200.000 personas y provocó que el ministerio de cultura convocara una reunión para explicar la ley a los descontentos. Sin embargo, la explicación no consiguió más que confirmar las dudas que existían sobre la ley.

Después de comprobar que la ley en su primera redacción no nombraba para nada al poder judicial y, por tanto, dejaba en manos de la administración el cierre de cualquier web, lo que podía conculcar los derechos fundamentales de información y ser declarada inconstitucional, decidieron reformarla (maquillarla, más bien) para que apareciera la figura de un juez por algún sitio. E introdujeron una disposición en la que antes de cerrar un sitio web la comisión debería consultar a un juez, en un plazo brevísimo, si dicho cierre conculcaba alguno de los derechos fundamentales… Es decir, aparece un juez para que de su permiso a proceder al cierre, pero sin entrar a valorar si existe delito o no, solo se le pregunta, y sin posibilidad de realizar un proceso de indagación adecuado, si el cierre de dicha página web conlleva una violación de derechos fundamentales (para evitar que se cierre la web de un periódico, por ejemplo).

Llegados a este punto, ya que la ley sinde no se modificó más, el significado resumido del funcionamiento es el siguiente:

• Existirá una comisión formada por miembros elegidos a dedo (lo dictará un reglamento no escrito todavía) y que puede incluso incluir personas de la industria cultural.
• Alguien de la SGAE, promusicae, Sony, o quien sea, denuncia una página web que cree que está perjudicandoles «patrimonialmente»
• La comisión cursa la denuncia, amenza a la web con cerrarla si no retira el contenido incómodo y si a la cuenta de tres no ha doblado la rodilla, procede a solicitar el cierre de la web
• La comisión pregunta a un juez si el cierre de esa web atenta contra los derechos fundamentales (sin entrar en la cuestión de si es ilegal o no su contenido) y en cuatro días tiene una respuesta (positiva siempre, salvo que intenten cerrar un medio de comunicación establecido)
• Se cursa ordenes a los operadores de internet y/o hosting que albergan el sitio web y se cierra el mismo

Entonces.. ¿Qué está mal?

Hasta aquí todo parecería normal, es decir, Sony quiere cerrar seriesyonkies porque cree que le está perjudicando y en cuatro días la web cerrada… Pero ¿qué problemas hay en esta ley?

1. Las actividades de seriesyonkies, o la web de enlaces que sea, no son ilegales, como se puede ver, por ejemplo, aqui. Es decir, según la legislación española no está haciendose nada ilegal en esa web y, sin embargo, se está procediendo a su cierre. Es decir, nos estamos saltando el poder judicial y dejamos indefensos a los adminstradores de webs.
2. No está establecido en ningún sitio el tipo de cosas que se pueden denunciar en pos de la «protección de la propiedad intelectual«, por lo que igual cerraremos seriesyonkies o la web del congreso por utilizar una foto sacada de internet, o lo que es peor, cualquier sitio puede haber citado a cualquier otro autor y procederse a su cierre sin ninguna garantía judicial. Esto tiene una vertiente muy peligrosa… Que se convierta en un mecanismo de censura.
3. La Ley de Propiedad Intelectual Española ya existe y, si alguien comete algún delito contra esta ley, se le puede denunciar como cualquier otra actuación ilegal en nuestro pais, un juez entrará a dilucidar si se ha incumplido la ley y si existe delito, por tanto, no es necesario hacer otra ley para ello.

Y ahora entremos en el fondo del asunto… ¿Cómo hemos llegado a esto?

Según nos aporta la lectura de algunos cables de wikileaks, el gobierno de EEUU ha estado presionando al gobierno Español intentando que nuestra legislación se endurezca para intentar proteger sus intereses. Unido a esto, vemos que los «productores culturales» siguen empeñados en vendernos productos caducos y que no nos interesan (CDs, DVDs, etc.) y que no han encontrado una manera de satisfacer una creciente demanda de usuarios que pretenden disfrutar de estas creaciones sin salir de casa, sin comprar un soporte caro y sin tener que moverse al videoclub…

Generalmente los mercados se autorregulan, es decir, si surge una demanda, surgen productores que la satisfacen, en el caso de las industrias culturales, aunque la demanda se ha detectado, utilizan su posición de monopolio favorecido para seguir vendiendo lo mismo de siempre, donde obtienen más beneficios y donde se sienten más cómodos… Sin embargo, ante la falta de oferta, la gente se suele organizar para cubrir sus necesidades lo mejor posible. Si en tu pueblo no venden el coche que quieres te vas a la ciudad más próxima para adquirirlo. Si no lo encuentras en ningún sitio, te desesperas y lo intentas comprar de segunda mano… Algo así ha pasado en internet. Cuando nos dimos cuenta de que no podíamos meter nuestros flamantes CD’s en los reproductores musicales de mp3, buscamos donde encontrar los archivos, pagando primero y luego cuando se vio que no existía tal oferta, pidiéndoselo prestado a nuestro primo, vecino o aquel que conocimos en un foro de internet (la copia privada está permitida por nuestra legislación). Si nos damos cuenta que los vecinos, primos y usuarios de foros de internet son millones, pues nos plantamos en un sistema P2P que deja fuera del sistema a los productores musicales…

¿Y qué hicieron estos productores? ¿sacaron un sistema legal de acceso a su fondo musical para satisfacer la demanda? Nooo, decidieron acusar y perseguir a sus clientes como si estuviesen haciendo algo malo. En EEUU, con leyes en vigor mucho más restrictivas consiguieron ganar algunos casos, cerrar empresas como Napster y labrarse una fama pésima… Y los usuarios siguieron descargándose música que no podían encontrar en otro sitio. ¿Aprendieron la lección? Algunos si, Apple decidió tomar la iniciativa que no tomaron las discográficas y abrió iTunes, y ahora vende más música que nadie y toda digital. Igual es que ofrecía a sus clientes lo que sus clientes estaban demandando… Lo mismo con spotify, que aunque no ofree unos resultados financieros buenos, si que ha conseguido cientos de miles de suscriptores que pagan por escuchar la música que quieren cuando quieren.

En España, las discograficas, productoras cinematográficas, editoriales literarias y cualquier otra industria musical, han seguido cerrando los ojos y rezando para que esto de internet se acabe… Ni se han planteado que su campo de acción deba cambiar, ni se les ha pasado por la cabeza que el lugar para vender sus productos sea en la red de redes ni que sus clientes más fieles preferirían que se les ofreciese sus productos en casa y sin depender de transportistas, horas de recogida ni dependientes ni stocks… Y gritan a los cuatro vientos que los que se descargan sus obras por internet son «piratas» y cobran un canon por cada dispositivo en los que grabo mis fotos de verano por si se me ocurriera grabar sus productos en su lugar y pretenden hacernos creer que somos ladrones… Y su último recurso es «legalizar» la persecución a aquellos que ponen en contacto a los usuarios que se prestan las películas o las canciones, creyendo que eso les dará tiempo para decidir qué hacer con internet, o mejor aun, intentar que cierren internet y todos volvamos al cine, compremos CDs (o mejor, vinilos) y lancemos nuestro lector de libros digitales a la basura.

¿Me siento mal descargando películas de internet? No, me siento mal sabiendo que no puedo pagar a sus creadores porque los jefes de sus distribuidoras no se atreven a poner un netflix en España… Quizá deberían legislar menos y trabajar más en cambiar su modelo de negocio.

Y por eso, espero y deseo como ciudadano de este país que la ley sinde no prospere… Por ello la guerra continúa. Es una guerra entre ciudadanos y grupos de presión, entre «creadores» que desprecian a sus admiradores y fans incondicionales que harían lo que fuese para ver a sus ídolos. Una Guerra que dará la talla democrática de España y, en parte, su soberanía legislativa.